La carga de la prueba

Esta iniciativa legislativa que propone reformar la recién estrenada Ley 941, fue presentada en el año 2003 por el ahora ex-legislador Julio Vitobello (Bloque Justicialista) y en este momento se encuentra en estudio en el seno de la Comisión de Legislación General y del Trabajo de la Legislatura Porteña.

La propuesta consta de 4 artículos que pretenden agregar a la ley que creó el primer

Registro Público de Administradores de Consorcios de la Ciudad de Buenos Aires, el artículo 7º bis y modificar el 9º y el 11º.

El ex-legislador porteño Vitobello proyecta que los administradores de consorcios adjunten a las declaraciones juradas que deben presentar anualmente ante la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor (Esmeralda 340), una fotocopia autenticada del acta de la última asamblea de cada año, realizada en cada uno de sus consorcios, en la cual conste la aprobación de su gestión anual votada afirmativamente por los 2/3 de los consorcistas presentes.

Vitobello justifica este requerimiento diciendo que los administradores -a diferencia de otras profesiones, oficios o disciplinas- pueden acceder a administrar sus consorcios mediante un proceso sencillo de selección. En muchos casos, la desvinculación del mismo no se desarrolla en forma semejante a su selección sino, por el contrario, redunda en un complejo proceso que no se condice con los términos de la gestión que ha desarrollado. Agregó también que "esta asimetría redunda en numerosos costos que deben ser asumidos por administrador y consorcio que, sin duda, se eliminarían si cada año el consorcio pudiera realizar un objetivo control de la gestión del administrador".

Sobre este mismo tema pide que se agregue al artículo 11º de la Ley 941 –que trata sobre las sanciones a los infractores al registro- la inhabilitación a administrar estos consorcios a aquellos profesionales que no hubieran dado cumplimiento a esta nueva obligación.

Sin embargo, a pesar de que propone modificar el artículo 11º de la Ley 941 agregándole una sanción (inc. b) a esta nueva obligación, al mismo tiempo, le retira la posibilidad de acumular las sanciones previstas actualmente y los agravantes en caso "de perjuicio patrimonial causado a los administrados y, en su caso, la reincidencia". Es de recordar que la ley actualmente considera reincidente al "sancionado que incurra en otra infracción de igual especie, dentro del período de dos (2) años subsiguientes a que la sanción quedara firme".

El ex-legislador por el Bloque Justicialista también propuso en su proyecto, agregar el artículo 7º bis que expresa textualmente: "La autoridad de aplicación habilitará un sitio de Internet para la consulta del Registro de Administradores". Cabe aclarar que en este momento el Gobierno de la Ciudad tiene dedicado un espacio dentro del sitio www.buenosaires.gov.ar donde, con el número de CUIT, nombre y apellido o razón social de la empresa, se informa su número de registro, su situación frente al mismo, si su trámite lo presentó en término y, en caso de corresponder, el período durante el cual fue suspendido.

El artículo 7 bis del proyecto de reforma del legislador es ambiguo en cuanto a sus alcances pues queda la duda si la información que ya se brinda es suficiente o satisface y, de no ser así, no queda claro qué tipo de datos considera se deberían agregar para la consulta de los consorcistas.

Sin embargo le da una especial relevancia a la información que los propietarios reciben de sus administradores teniendo en cuenta que en sus considerandos sostiene: "en muchas oportunidades los consorcistas se encuentran desprotegidos debido a la falta de información y de contralor de quienes en definitiva están administrando su patrimonio, ya sea por carecer de suficientes conocimientos de los antecedentes de los administradores, ausencias de garantías ante supuestos de responsabilidad por incorrectas administraciones, entre otras."

La función de la Comisión de Legislación General y del Trabajo, en la cual se encuentra este proyecto de ley, es la de dictaminar sobre todo proyecto o asunto referido a regímenes básicos de la función pública, estatutos y escalafones, la regulación de la organización, ejercicio, matrícula y colegiación profesional, ética pública, trabajo y seguridad social y sobre todo lo estipulado en los artículos 43, 44, 45, 47, 56 y 57 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.

Actualmente está compuesta por Martín Borrelli como su presidente, Norberto La Porta en carácter de vicepresidente 1º, los vocales María Soledad Acuña, Mónica Bianchi, Álvaro González y Juan Manuel Velasco además de Mariano Andrés Brillo como su director.

Entre otros proyectos que tiene en estudio esta misma comisión, se encuentra el de la "Creación del Colegio Público de Administradores de Propiedad Horizontal de la Ciudad" motorizado por el Legislador Diego Santilli.

 Pequeñas Noticias en las redes sociales con toda la actualidad: Twitter - Grupo de Facebook - Noticias en Facebook - Google +