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El secretario de AIPH, Dr. Daniel Elizondo, en el evento organizado el pasado 8 de este mes (septiembre de 2004) por esa entidad en el Hotel Lafayette propuso a los asistentes no completar en las DDJJ exigidas por el Registro Público de Administradores de la Ciudad de Bs. As. el monto de los honorarios que los profesionales cobran en cada consorcio porque, según expresó, "el registro no tiene facultades para exigirlo". En el evento organizado el 8 de este mes en el Hotel Lafayette de esta capital por la Fundación de Administradores Independientes de Propiedad Horizontal (AIPH) el Dr. Daniel Elizondo, último orador de la noche, llamó a los administradores de consorcios a consignar 1 peso como honorarios cobrados en los consorcios que administran en la declaración jurada (DDJJ) anual que estos profesionales deben presentar en estos días al Registro Público de Administradores de la Ciudad de Buenos Aires.
"No tenemos por qué informarle a un registro [datos] que no tiene facultad para exigirlos" expresó el Dr. Elizondo a una atenta audiencia, agregando que la obligación de informar los honorarios "viola nuestra reserva y nuestra dignidad". En su carácter de abogado fundamentó su posición explicando que "en una pirámide jurídica existe una ley que determina un marco y un reglamento de esa ley que determina el alcance de lo que la ley dijo. Ni en la ley 941 ni en el decreto reglamentario están contempladas las posibilidades de que el organismo nos pida que les informemos los honorarios. Existen otros organismos de la Administración Pública y de la ciudad que pueden pedir ese tipo de información pero el registro creado por la ley 941, el organismo de Defensa del Consumidor, no tiene derecho a pedirlo".
Ampliando sus dichos el secretario de la institución convocante informó que "en AIPH estamos considerando seriamente la posibilidad de presentar un amparo" con el argumento de que "la Constitución Nacional dice que nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda y a nosotros ni la ley 941 ni los decretos reglamentarios nos mandan a informar el tema de los honorarios" y que "nadie puede ser sancionado por un delito que no esté previsto especialmente en una ley y ese es un principio penal básico". Ejemplificó que "si nosotros en la declaración jurada presentamos un cero no podríamos recibir ningún tipo de sanción" aunque aclaró que "esa es una posición individual". Por
otra parte, con respecto a la posición de la entidad que representaba en
ese momento expresó que "estamos imaginando la posibilidad de
presentar el amparo porque la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,
en el artículo décimo, dice que los derechos y garantías no pueden ser
negados ni limitados por omisión o insuficiencia de su reglamentación y
[por lo tanto] ésta no puede cercenarnos. Creemos que [en la declaración
jurada] tenían el derecho de armar un casillero que diga si el consorcio
era administrado en forma onerosa o gratuita porque está contemplado en
la ley pero no tienen autoridad de pedirme a mí los honorarios anuales y
de mi parte no van a tener esa información. Si el registro intentara
sancionarme caeríamos en un conflicto legal y vamos a ver qué
pasa." |
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Ley
941: Declaraciones Juradas
Debe
reflejar la realidad que se nos exige
