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¡Atrás con los aumentos de electricidad y gas! A través de medidas cautelares, dos jueces en lo Contencioso y Administrativo, frenaron los aumentos, primero en Capital Federal y luego en el resto del país creando un poco de alivio en los aumentos de las expensas que igual se verán afectadas por los aumentos salariales. A causa de distintas presentaciones, primero por parte de la defensora del Pueblo porteño, Alicia Oliveira, y más tarde por el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, dos jueces en lo Contencioso y Administrativo, Ernesto Marinelli y Susana Córdoba, dictaron medidas cautelares que dejaron sin efecto el decreto firmado por el presidente Eduardo Duhalde. El motivo de la presentación llevada adelante por Alicia Oliveira fue frenar los aumentos porque violan la ley de emergencia económica que ordenó la realización de un proceso global de renegociación de los contratos y también la Constitución ya que ésta, a partir de la reforma del año 1994, exige la participación de los usuarios en la decisiones tarifarias de los servicios públicos. Las empresas ya habían comenzado a aplicar los aumentos que promedian el 9% para el gas y el 7% para las tarifas de electricidad, autorizadas mediante el decreto 2437/02 firmado por el Gobierno de la Nación. Este aumento abarcaba aproximadamente a 1 millón y medio de usuarios de luz y a 1 millón de clientes de las empresas de gas en Buenos Aires. El ajuste fue otorgado por el Poder Ejecutivo "a cuenta" de futuras subas, mientras se negociaban las nuevas tarifas en la Comisión Renegociadora de los contratos de las empresas privatizadas, previstas en la reglamentación de la Ley de Emergencia Económica. La firma de este decreto fue acompañada por las presiones de las empresas privatizadas, el reclamo por los gobiernos europeos de las mismas y de las condiciones del posible acuerdo con el F.M.I. Otra vez la Justicia se interpone en la toma de decisiones del Gobierno Nacional, por intermedio de las presentaciones de la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, el Defensor del Pueblo de la Nación, el vicepresidente de la Legislatura Porteña, Cristian Caram (UCR) y asociaciones en defensa de usuarios y consumidores. Estos
fallos pueden ser apelados por el Gobierno pero el trámite demorará varios
meses, durante los cuales no podrán aplicarse las subas tarifarias. El decreto
de necesidad y urgencia 2437, que permitía los aumentos a partir del 4 de
diciembre del presente año, queda congelado. Por lo tanto, en lo que resta del
año y durante los primero meses del 2003, no habrá aumentos |
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