Con respecto a la nueva obligación que tienen los administradores de "denunciar ante el Gobierno de la Ciudad, toda situación antirreglamentaria y las obras ejecutadas en el edificio que administra sin el respectivo permiso de obra o sin aviso de obra (artículo 9 inciso g)", el presidente de FRA le pidió a los administradores que denuncien todas las irregularidades edilicias que existen en los consorcios: "si ustedes caminan por Buenos Aires se darán cuenta del mal estado de los balcones, de las construcciones y de que existen construcciones clandestinas y balcones terrazas cerradas. Todo esto lo tienen que denunciar, es su obligación hacerlo".

"Hagan todas las denuncias juntas. En FRA vamos a hacer un formulario exclusivo para facilitar el trámite. Queremos ver qué hace el Gobierno de la Ciudad", ironizó Hernández.

Por otra parte, subrayó que no sabe qué festejaron los consorcistas que se manifestaron contentos con la sanción de esta ley: "yo no sé que celebran, es ignorancia pura o es una ilusión celestial que han tenido los legisladores al creer que con esto van a bajar los costos (expensas), yo creo que por el contrario los van a aumentar".

Señaló que esta ley tiene muchos aspectos negativos: "a partir de este momento a los administradores se nos crean tres escenarios posibles, primero la responsabilidad que tenemos por nuestra propia profesión, después vamos a tener responsabilidades para con los consorcios de propietarios y por último, con el Gobierno de la Ciudad".

Por otra parte, en ese momento, diluyó las expectivas de una derogación de la nueva Ley 941 porque "no hay posibilidad de veto del ejecutivo debido a la cantidad de votos que tuvo en la sanción. Va haber que esperar a que llegue la reglamentación". El 4 de diciembre -al día siguiente de su disertación- la ley era publicada en el Boletín Oficial de la CABA. 

Según él, la ley tiene tres cosas positivas que hay que resaltar. En principio, destacó que "distingue a los administradores entre los que lo hacen a título oneroso y los que no. Eso lo reclamamos y logramos que se coloque en esta ley".

En segundo lugar, que en esta ley la autoadministración "tan perversa para la comunidad consorcial se encuadra. El propietario que quiera hacerse responsable igualmente tiene que anotarse en el RPA. Los problemas derivados de su actuación van a tener consecuencias".

Por último, rescató como positivo que la ley "mas allá de la dificultad, de la ignorancia y del desprecio por la calidad que suelen demostrar nuestros legisladores, ha introducido principios y conceptos que hemos elaborado los administradores en el IRAM"

Po último, en cuanto al punto a que hace referencia a que sea la asamblea la que fije el honorario del administrador, señaló que esta ley parece que pretende que "los administradores en lugar de cobrar aranceles y honorarios razonables a sus trabajos y a su responsabilidad,  cobren cuatro pesos y se vuelva a los años 70 cuando de 500 administradores pasamos a ser 3 mil y se incorporó gente que no venía administrar sino a robar".