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Adm. Lisandro Cingolani "El proyecto de Abrevaya es prejuicioso" [BPN-21/10/09] En una entrevista concedida a Pequeñas Noticias, Lisandro Cingolani manifestó su oposición al proyecto que impulsa el legislador porteño Sergio Abrevaya (Coalición Cívica) para modificar la Ley 941 que creó un Registro Público de Administradores de consorcios en la CABA. Cingolani es licenciado en Economía y en el momento de asumir la nueva lista de unidad de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) ocuparía un puesto -en representación de Cambio y Profesionalización- del nuevo Consejo Directivo que tal vez sería –de confirmarse- el de miembro titular del tribunal de cuentas. Señaló que el núcleo central de la oposición al proyecto de ley de Abrevaya podría resumirse en que es una ley que en su motivación es prejuiciosa. "Lo que motiva la creación de la ley es un grupo de prejuicios sobre cómo hoy está funcionando la propiedad horizontal. La comisión no se molestó en contrastar con lo que verdaderamente pasa en la realidad", destacó. Según él, la propuesta arrastra una concepción obtusa y cerrada: "cuando uno tiene una motivación que está basada en una sensación obviamente no se basa en hechos verdaderos". En este sentido, consideró que cuando se hace una ley basada en una percepción de la realidad incorrecta se obtiene una ley torpe e incorrecta. Para Cingolani los problemas centrales de los propietarios son tres: que los administradores no dedican el tiempo necesario para resolver los problemas, los aumentos en las expensas y la alta proporción de profesionales que se corrompen y se llevan una parte del costos de los trabajos. Por otro parte, señaló que Abrevaya no tuvo en cuenta a todos los actores de la propiedad horizontal y sólo escuchó la voz de un sector. De cumplimiento imposible Cingolani señaló que si se sanciona esta ley además de anticonstitucional es de cumplimiento imposible. "Los administradores harán todo lo posible por salvar las apariencias pero los incumplimientos serán permanentes", destacó. "Nunca se puede mejorar la calidad de vida de la gente aplastando principios básicos del derecho privado, vulnerando derechos constitucionales, cortando los alambres de la competencia jurisdiccional y legislando en base a la demagogia y el prejuicio. El método ya falló y seguirá fallando", reflexionó. El administrador denunciante Explicó que si bien entiende que el Gobierno porteño quiere alcanzar un alto grado de cumplimiento de las normas, "obligar al representante legal del consorcio a denunciar a sus clientes sobre cualquier irregularidad observada es trasladar arbitrariamente una carga pública". Según él, este proyecto convierte derechos en obligaciones. "Cada derecho de un propietario se convierte en una obligación personal para su representante, deformándose los principios del mandato: el representante debe actuar "en carácter de …", es decir "como si fuera" su representado", destacó. En este sentido, resumió que pretenden que el representante legal pagado por sus clientes trabaje al servicio del poder de policía del Estado: "cumpliendo ese rol se lo está obligando, en su función natural, a declarar contra sus representados". Recibos de expensas En cuanto a los datos que quieren que incluyan los recibos de expensas, señaló que está de acuerdo en que la información tiene que ser amplia y estar disponible. Sin embargo, resaltó que la liquidación de expensas es una información resumida del estado contable del edificio, no es un informe general de situación que se pueda hacer por múltiples medios y es el propio edificio quien es apto para resolver su modalidad. Un grupo de catarsis Cingolani señaló que Abrevaya parte de la base de que el propietario no tiene capacidad intelectual para designar a un representante en forma correcta. "De la misma manera yo puedo decir que Abrevaya no representa al pueblo, representa a la corporación de los políticos. Entonces si quiero regularlo le pregunto al pueblo cómo hacerlo. Es como decir, el señor que tiene los votos no representa al pueblo, yo le voy a preguntar directamente al pueblo, es una actitud políticamente fascista, está desconociendo la voluntad de los canales institucionales", reflexionó. Haciendo
referencia a esto y a lo que dijo Rizzo cuando lo acusó a Abrevaya de fascista señaló que el
fascismo es una concepción política que implica
tomar las decisiones en base a corporaciones de poder que son
independientes de los canales representativos de la voluntad del pueblo y
justificar ese apego con argumentos falsamente democráticos. |
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