La Ley 941 en el banquillo de los acusados

[BPN-20/05/09] La Ley 941 que creó el Registro Público de Administradores sigue siendo tema de debate. El jueves 14 de mayo, se realizó una reunión en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) para tratar posibles modificaciones y en la que participaron el director general de Defensa y Protección del Consumidor y Subsecretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la CABA, Dr. Oscar R. Michelotti; el vicepresidente de la Subcomisión de Administración de Consorcios de Propiedad Horizontal del CPCE, Dr. Roberto C. Fregonessi; el Dr. José L. Serpa, y Andrés Elisseche, en representación de la Defensoría del Pueblo. 

La mayoría de los disertantes coincidieron en que es necesario hacerle una reforma. Según Fregonessi, "el actual registro para nosotros es una simple oficina burocrática que acumula papeles. A los consorcistas no le sirve".

Uno de los principales puntos que trataron fue la obligación o no de realizar auditorías contables a los administradores.

Los legisladores porteños Sergio Abrevaya (CC) y Patricio Di Stéfano (PRO) –que presentaron dos proyectos sobre este tema- no pudieron asistir por estar en el tratamiento de otras leyes.

El objetivo del encuentro fue brindar un espacio de análisis sobre la problemática en las administraciones de consorcio y la discusión sobre el rol del profesional de Ciencias Económicas en el control de tales administraciones.

Al mismo tiempo, precisó que impusieron la aplicación de 400 multas con un promedio de 1500 pesos haciendo un total de 600 mil pesos. "Esto demuestra el interés de los ciudadanos y de su participación activa para que se aplique la norma", destacó.

Por otra parte, señaló que algunas de sus propuestas para mejorar el funcionamiento de la Ley 941 son: que el administrador deba contar con un domicilio comercial para facilitar el contacto con los consorcistas, agregar como causales de impedimentos para la inscripción aquellos que hayan cometido delitos relacionados con la administración.

Otro de los puntos es que los gastos de inscripción al registro y de la renovación de la matrícula corran por cuenta del administrador y no lo puedan poner como gasto del consorcio.

En cuanto a las sanciones, quieren que se incluya una sanción intermedia como el apercibimiento. Al mismo tiempo, que se especifique que el administrador deberá publicar su sanción: "hoy, no tenemos la posibilidad de obligarlo a que publique la sanción, lo hacemos pero no está específicamente en la ley".

Fregonessi señaló que las primeras instituciones dentro de la comunidad consorcial siempre fueron creadas por administradores y para administradores. "Los propietarios brillaban siempre por su ausencia. Recién a mediados de la década del 90 comenzaron a aparecer organizaciones diciendo que representaban a los propietarios y consorcios", reflexionó.

En principio, consideró que fue saludable su nacimiento pero aclaró que "para poder representarlos deben hacer muy bien sus deberes. Algunas de estas instituciones están en buen camino pero hay otras que lo único que esconden son intereses menos transparentes. En realidad, son instituciones que pretenden lucrar con la problemática consorcial".

A su vez, advirtió que últimamente han visto algunas que "tienen objetivos políticos lo cual va a ser nefasto para la comunidad consorcial. Estimo que con el tiempo, las instituciones se decantarán y van a quedar las realmente representativas".

Por otra parte, señaló que uno de los objetivos de estas entidades es poder participar de las negociaciones de los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT): "estamos totalmente de acuerdo pero deberían ser realmente representantivas de los consorcios".

Fregonessi señaló que en principio, los consorcios se desarrollaban en un nivel de conflictos relativamente bajos sin tantos inconvenientes en la medida en que las expensas no incidían mayormente sobre los salarios de la población.

"Con el correr de los años una serie de factores ha llevado a que la expensa sea un gasto importante y por lo tanto aumentó el nivel de conflictos haciendo muchas veces una tarea insalubre tanto para el administrador como para el propietario", subrayó.

Según él algunos de los conflictos son:

- El edificio en sí mismo debido a su antigüedad. Gran parte tienen entre 40 y 50 años y la vida útil de las instalaciones ha sido cumplida. El reemplazo de esas instalaciones y reparación requiere importantes sumas de dinero y los consorcios no lo pueden pagar y continúan trabajando de manera muy deficiente. Esto trae conflictos de funcionamiento y económicos.

- Los administradores tienen un bajo nivel de capacitación e idoneidad por lo tanto toman decisiones equivocadas y erróneas.

- Hay un grado importante de corrupción y ausencia de controles.

- Los propietarios tienen desconocimiento de cuáles son las verdadera funciones y responsabilidades del administrador. También tienen criterios erróneos en cuanto al mantenimiento y reparaciones para realizar en el edificio, en general se usa el método correctivo y no el preventivo, esperamos a que una pieza se rompa par repararla.

En cuanto a las soluciones, destacó la importancia de profesionalizar la actividad y de mejorar el funcionamiento del actual registro: "para nosotros es una simple oficina burocrática que acumula papeles. Para los consorcistas no sirve".