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Administración de Consorcios |
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En la comunidad
consorcial el flamante
año 2005 se anuncia como un año movido, con
definiciones importantes, muchos cambios y nuevos actores [BPN-04/01/05] Son muchos las cuestiones que quedaron inconclusas en el viejo 2004. Una de las más importantes es, sin duda, la inclusión de una nueva entidad de propietarios que estaría creando el Dr. Eduardo Awad. Entre sus propósitos se encontraría también su inscripción en el Registro de Asociaciones Gremiales de Empleadores del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. De esta forma ya serían dos las entidades de consorcistas o copropietarios que participarían de las negociaciones con el sector trabajador de los consorcios. Por otra parte la Unión de Consorcistas de la República Argentina (UCRA) está esperando para principios del 2005 la confirmación por parte del Ministerio de Trabajo de su inserción en la mesa de negociaciones sobre los salarios y las condiciones de trabajo de los empleados de los consorcios. En una entrevista exclusiva con Pequeñas Noticias el Dr. Awad adelantó que está prevista la inscripción de su nueva entidad -de la cual todavía no tenemos el nombre- en la Dirección General de Justicia (DGJ) "para los primeros meses del año próximo, ya sea en febrero o marzo. De todas maneras ya comenzamos a hacer cosas que tienen que ver con algunos puntos al margen de lo gremial que va a manejar la asociación. Entre estos están, por ejemplo, los grupos de autoayuda, todo ese tipo de actividades que va a encarar la asociación de consorcistas que vamos a formar." La constitucionalidad de la Ley 941 Por otra parte el Adm. Jorge Hernández, presidente de la Fundación Reunión de Administradores (FRA), para fines del 2004 había organizado la promoción de una acción declarativa de inconstitucionalidad de la Ley 941 y la solicitud de una medida cautelar urgente contra la posibilidad de que el Registro Público de Administradores de Consorcios de la Ciudad de Buenos Aires pueda imponer multas por la no presentación de las declaraciones juradas. Sin embargo la solicitud de una medida cautelar urgente fue denegada el jueves 2 de diciembre por el Juez Roberto Gallardo del Juzgado Contencioso Administrativo Nº 2 de la Ciudad de Buenos Aires. En estos primeros meses de este nuevo año 2005 se tendrá que definir la apelación que el Dr. Carlos Esteva -abogado patrocinante de los administradores querellantes Ricardo Cáttedra y Rodolfo Zariquiegui- habría realizado aún antes de la feria judicial que comenzó el 1 de enero de este año (2005) y finaliza el último día de este mes (enero/2005). El Adm. Jorge Hernández –con respecto a este tema- adelantó a este medio, en sus palabras, que está "esperando que la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires defina en qué momento vamos a ir a la Justicia Federal... todo los ciudadanos que vivimos en Buenos Aires sabemos lo adicta que es la Justicia de la Capital Federal al Jefe de Gobierno y todo lo que sea cuestionar algo a esta jefatura es nulo, no existe, así como no existe la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires para la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires... Nosotros sabemos que esto [la declaración de inconstitucionalidad] es un paso previo. Hay que tener mucha paciencia e ir a lo Federal donde el Estado Nacional le tendrá que decir primero a los administradores y después a los copropietarios hasta qué punto se vulneran derechos constitucionales porque el administrador que esté brindando información confidencial de sus clientes, sin su autorización, creo que ya está faltando a las leyes". Sobre el destino de la solicitud de la medida cautelar urgente explicó que ya "se apeló a la Cámara y después que vuelva (si la Cámara piensa lo mismo: que este gobierno es un ser tan ineficiente que no hay por qué temer que vaya a aplicar una multa en los próximos tres o cuatro meses) recurriremos al Tribunal Superior y si no, directamente a la Corte Nacional". El futuro del colegio Otro tema que quedó pendiente de ser tratado el pasado año (2004) es el proyecto de un Colegio Público de Administradores de Propiedad Horizontal (CPAPH) para la Ciudad de Bs. As que creó la Fundación de Administradores Independientes de Propiedad Horizontal (AIPH) y que motoriza en la Legislatura Porteña el Cr. Diego César Santilli (Juntos por Buenos Aires). El Adm. Adrián Hilarza comentó a Pequeñas Noticias que "el proyecto está -si Dios quiere- para tratarse en el primer semestre de este año que comienza (2005)". A raíz de la oposición de los dirigentes de todas las entidades de propietarios contra el colegio, el presidente de AIPH aclaró que cree que este proyecto "es algo muy importante" agregando que ha "hablado con muchísima gente (consorcista) que no está asociada a ninguna de las [entidades] que existen actualmente y que están a favor porque quieren que los administradores estén matriculados". Por otra parte reflexionó: "creo que hay que trabajarlo, hay que mostrarles [a los propietarios] que uno no persigue otro interés más que el de la jerarquización, de la profesionalización, el de la creación de una carrera obligatoria, que haya un seguro... Que se acabe aquel que se quedó sin trabajo y venga a querer hacerse la América como administrador" y para finalizar vaticinó: "El 2005 va a ser un año muy importante y con esta novedad de UCRA (Unión de Consorcistas de la República Argentina) más todavía <ver "El regalo de fin de año...">. Comienza a emparejarse la cosa..." También los inquilinos Para el 2005
la nueva presidenta de la Asociación de Inquilinos de la República
Argentina (AIRA), Sra. Noemí Beatriz Caracciolo, prevé
gestionar créditos con menores tasas de interés que las usuales de
mercado para aquellos que "realmente tienen un sueldo bajo" y
así solucionar los problemas a aquellos que pudieran tener deudas
pendientes con el Fondo Nacional de la Vivienda (FoNaVi).
Entre otros objetivos ya el año pasado (2004) se propuso trabajar para
realizar un cambio de 180º, que la institución que preside pueda brindar
una mejor atención al inquilino y luchar para que sus representados
puedan expresar sus opiniones en las asambleas de propietarios en los
consorcios aunque no tengan el derecho al voto. |
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